El portavoz del UPyD en el ayuntamiento de Nuevo Baztán, José Luis Pascual, ha preparado un informe en el que pide que se denuncie ante los tribunales el retraso en la tramitación del acuerdo de cesión de los terrenos adjuntos al Palacio de Goyeneche. Solicita que se ponga en marcha la instrucción judicial para identificar y exigir responsabilidades.
Lo que se trata de determinar, según Pascual, es por qué el terreno conocido como El Olivar no forma parte del conjunto patrimonial y está en manos privadas. El acuerdo de cesión se firmó en 1989 entre el entonces propietario, Banesto, y la Comunidad de Madrid que en aquel momento presidía Joaquín Leguina. Pascual entiende que se ha producido una considerable merma patrimonial y apunta que se han producido posibles delitos contra la Administración Pública y contra el Patrimonio de la Comunidad.
En su opinión, el ayuntamieno de Nuevo Baztán debe personarse en las actuaciones judiciales como perjudicado por estas infracciones o posibles delitos. Además, pide que se inste a la Comunidad de Madrid a que inicie el trámite para recuperar los bienes que, según él, le corresponden.
Esta es la propuesta que presenta a la Comisión Especial de Investigación sobre el Palacio y que después debería ser debatida en el pleno municipal. El pasado mes de octubre, el alcalde se comprometió a convocar esa Comisión Especial, pero por el momento no se ha celebrado. La finalidad de esta comisión es esclarecer qué propiedades fueron objeto de cesión a la Comunidad de Madrid y las circunstancias que han impedido hasta el momento su escrituración y registro.
En su argumentación, el portavoz de UPyD explica que hay una sentencia que impone la segregación de El Olivar del resto del Palacio y explica que eso es como separar los jardines y las fuentes de la Granja, del Palacio propiamente dicho. Asegura que esto es un hecho sorprendente que levanta las sospechas dada la evidencia formal de su carácter indivisible.
En el debate que sobre este tema se produjo en el pleno del pasado mes de octubre se puso en evidencia el coste que podría tener para el ayuntamiento el proceso judicial y las consecuencias económicas negativas si los juevces dan la razón al actual propietario de esos terrenos. También se sugirió enviar los datos a la Fiscalía y que sea esta la que actúe de oficio si ve motivos para ello.
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